Hablar de chuponeo telefónico para fines periodísticos nos remite directamente al concepto de fuente periodística y a los manejos que se le debe dar a esa extraordinaria herramienta de trabajo.
Se ha debatido en el Perú si es ético o no el uso de interceptaciones telefónicas o de correos electrónicos. Pienso que mientras el Perú sea uno de los países más corruptos de América Latina y exista una realidad opresiva para el ejercicio del periodismo y para el acceso a la información pública, el chuponeo será una vía (un mal necesario) para descubrir hechos dolosos o irregularidades.
No se trata de crucificar al periodista que hace uso de esos medios. Es necesario motivar un proceso en el tiempo que busque alejar de la corrupción a las diferentes esferas sociales y políticas del Estado. Me parece que las personas que ahora se persignan contra el uso periodístico del chuponeo, fueron las mismas que se mantuvieron mudas durante la mafia de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Y por eso “no se acuerdan” que los golpes más fuertes que ese régimen dictatorial recibió provinieron de denuncias basadas en interceptaciones telefónicas o en material grabado por lo bajo.
Basta recordar que los vínculos del Frente Huallaga del Ejército con el narcotráfico (1991) se descubrieron gracias a conversaciones radiales chuponeadas y que en 1996 el programa Contrapunto de Frecuencia Latina puso en serios problemas al gobierno de Alberto Fujimori con denuncias de espionaje telefónico contra periodistas y políticos de oposición. Con ello quiero hacer una reflexión sobre lo que se entiende por mafia: Una mafia es mafia porque maneja una estructura cerrada, casi blindada y compartimendata, que impide el flujo de datos al exterior y por razones obvias: Sus actos son ilegales.
Frente a esa imposibilidad de conocer a una mafia por dentro, las interceptaciones telefónicas, el chuponeo de correos electrónicos, los audios grabados sin autorización del interlocutor… ¿Son o no son útiles para el periodista de investigación?
Pienso que sí.
¿O a lo mejor el periodista debería triturar o quemar los CDS con esa información y perder la oportunidad de hacerle daño a esa mafia?
Ciertamente, lo que les digo podría espantar a cualquier profesor de ética, pero lo que les comento ocurre en el mundo real, en el periodismo real. Poniéndolo lo fácil: A un periodista se le critica y crucifica porque muestra un material chuponeado. Sin embargo, nadie repara en que un mafioso le puede meter un balazo a ese periodista.
¿A quién debemos criticar realmente? ¿Al periodista o al mafioso?
Recomendaciones de procedimiento. Sin embargo (resalto esa palabra) hay cosas que debemos tener muy en cuenta para evitar parecernos a esos mafiosos que estamos investigando:
· Un material de chuponeo jamás debe ser la única prueba de una nota periodística. Aquí en el Perú nos colgamos de un audio, lo reventamos (publicamos con bombos y platillos) y después iniciamos una investigación, cuando ya nadie quiere hablar.
· Una interceptación telefónica debe ser un indicio o el punto de partida para que tres o cuatro periodistas se dediquen a investigar ese presunto hecho de corrupción.
· Lamentablemente observamos en la actualidad que un audio reemplaza el trabajo del periodista.
· Incluso, pienso que sería interesante hacer el esfuerzo de no difundir una interceptación telefónica durante una investigación, con el objetivo de fortalecer el trabajo periodístico pleno, ese que se hizo famoso en el caso Watergate (Estados Unidos) y basado en la búsqueda de fuentes, recolección de información y cruce de datos. Ese material solamente se difundiría si las “fuerzas ocultas” arrinconan al periodista en el Poder Judicial o en otras instancias.
· Nunca debemos generar un mercado de chuponeo telefónico: Si un periodista se hace conocido por comprar audios o correos electrónicos chuponeados para sustentar sus investigaciones, siempre habrá gente dispuesta a nutrirlo con ese tipo de información.
· Y si ese periodista paga bien por esos materiales, es posible que reciba material falso o fabricado. ¿Y a quien afectan los errores? No al periodista, pues evidentemente podemos deducir que ese profesional no anda muy preocupado por cuidar su credibilidad, ya que lo que busca es ser “famoso” o “popular”.
Reflexión: Antes uno se hacía conocido más por el trabajo que hacía. Ahora hay una generación de periodistas que son populares por causa del impacto de sus errores y no por la relevancia de la información que propagan.
Y si el error es grave, el mismo se difuminará luego de que ese periodista recurra en su defensa a poderosos conceptos como libertad de expresión y derecho de informar.
Y al final, no pasó nada.
· Y al hablar de no generar un mercado, debemos aclarar que es muy distinto utilizar un audio que nos ha llegado por razones circunstanciales, que usar uno pedido expresamente por nosotros sobre un personaje en particular.
· Es distinto decir: “me llegó un audio de Genaro Delgado” que “quiero un audio de Genaro Delgado”.
· No nos dejemos utilizar. Y para eso hay que descifrar la intencionalidad de la fuente que nos entrega los audios. Es muy distinto recibir un audio de cinco minutos que diez cajas con CDS que contienen 50 horas de grabación.
· El volumen y la disciplina de esa entrega (cajas con audios) determina la existencia de una industria del chuponeo que nosotros no deberíamos avalar publicando inmediatamente el contenido de ese material. Por eso decía que los audios deberían ser indicios para el inicio de investigaciones sobre corrupción y no la base misma de las pesquisas periodísticas.
Las reacciones son las de siempre; sea en Colombia, en Brasil, en México o en Argentina, el vendabal producido luego de la difusión de audios sobre casos de corrupción es el mismo: Los propios corruptos denuncian a los periodistas por haber utilizado material ilegalmente obtenido porque (según ellos) ese hecho viola la ley y propaga el delito.
Hace poco, la revista Semana (Colombia) denunció a la Dirección Administrativa de Seguridad-DAS por chuponear en forma sistemática a magistrados, fiscales, personajes políticos y directores de medios de comunicación, motivando la renuncia del jefe de ese organismo y de muchos oficiales de inteligencia. Luego los periodistas de Semana tuvieron que defenderse de acusaciones de haber violado la ley y de haber incitado el delito.
En Brasil, en el 2008, la revista Veja publicó grabaciones ilegales entre políticos y miembros del Supremo Tribunal Federal, las mismas que fueron proporcionadas en forma soterrada por la Agencia Brasileña de Inteligencia.
El ajuste de cuentas no se hizo esperar. En represalia, los políticos brasileños prefirieron atacar a los mensajeros (periodistas) al promover una ley para castigar con cárcel a los reporteros que divulguen información obtenida por medio del chuponeo y sin la autorización de un juez. Es decir: La misma ley que apristas en el Congreso de la República buscaron aprobar.
Reflexiones finales:
Se dijo que el chuponeo iba a afectar la gobernabilidad, pero la gobernabilidad es afectada por los corruptos. La gobernabilidad no sufrió daño, prueba de ello es que el propio jefe del Estado, Alan García, sostuvo que el caso Petrotech fortaleció la democracia al conocerse la identidad de los corruptos.
Hubo una contradicción muy grande: Por un lado, los medios de comunicación llamaban criminal a Elías Ponce Feijoó, marino y principal chuponeador de la empresa Business Track, pero por otro buscaban con denuedo las interceptaciones telefónicas hechas por él y sus compinches para publicarlas de inmediato.
Es preferible que el delito sea denominado “chuponeo” o “espionaje telefónico” y no “interceptación telefónica”. El término “interceptación telefónica” tiene un fondo legal y es amparado por la normatividad contra el crimen. El espionaje telefónico es la vulneración de los derechos ciudadanos por parte del Estado o de terceros.
El chuponeo telefónico es un delito que viola el derecho al “secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones” que nuestra Constitución consagra a favor de los ciudadanos.
Pero ningún derecho es absoluto debido a que puede colisionar con los de otras personas. Por ejemplo, si cumpliéramos a rajatabla el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, tendríamos a Vladimiro Montesinos y a Alberto Fujimori en libertad. Igual cosa sucedería con los implicados del caso Petrotech, Alberto Quimper y Rómulo León Alegría.
